San José, (EFE).
El Estado de Colombia reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro, ocurrida a manos de otros militares mientras ejercía funciones en 1997.
“El Estado reconoce que es responsable internacionalmente por la desaparición forzada del soldado profesional Óscar Iván Tabares” y “reconoce que este hecho se configuró por la participación directa de agentes estatales”, expresó la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, Martha Lucía Zamora, durante una audiencia ante la CorteIDH.
Zamora admitió que es deber del Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo ocurrido, ya que Tabares se encontraba en el Ejército.
“Esta explicación no la tenemos. La investigación penal se encuentra todavía en etapa de instrucción y es por este hecho que el Estado reconoce su responsabilidad por la omisión de las autoridades estatales para llevar a cabo una investigación seria, diligente y en un plazo razonable, lo cual ha impedido esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y dar con el paradero” de Tabares, declaró Zamora.
El Estado también aceptó que es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la personalidad jurídica de Tabares, así como a las garantías judiciales, protección judicial, a la honra y a la protección de la familia del soldado.
Zamora también destacó “la lucha incansable” de María Elena Toro, madre del soldado, y su familia por encontrar a Tabares y conocer la verdad de lo ocurrido.
El Estado se comprometió a cumplir con las medidas de reparación que ordene la Corte Interamericana y a buscar un acercamiento con la familia de Tabares para “reparar en lo posible el daño”, dijo Zamora.
En la audiencia participó de manera virtual Toro, quien relató cómo se enteró de la desaparición, las dificultades para acceder a la justicia y la verdad, las amenazas que ha recibido y que la obligan a vivir en el exilio y todos los esfuerzos que ha realizado por 25 años para conocer el paradero de su hijo.
“Por duro que sea debemos de luchar por encontrar nuestros seres queridos porque no son perritos los que desaparecen, son nuestros hijos”, declaró Toro.
La subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, quien ejerce como representante de las víctimas en el caso, valoró positivamente el reconocimiento de responsabilidad del Estado y lo calificó como un “cambio diametral” en la posición que había ejercido durante el proceso.
Los representantes de las víctimas dijeron en sus alegatos que esperan que la CorteIDH emita una sentencia contra Colombia en la que determine la existencia de violaciones a los derechos humanos en las filas del Ejército y que emita medidas de reparación para garantizar que estos hechos no se repitan y se continúe la búsqueda de Tabares.
Según la demanda contra el Estado, Tabares desapareció el 28 de diciembre de 1997 cuando se encontraba en funciones en el municipio de San Juanito, departamento de Meta, luego de que tuviera una riña con sus superiores.
Las autoridades militares de la época nunca asumieron la responsabilidad e informaron a la familia que Tabares lanzó una granada a sus superiores y luego huyó para unirse a la guerrilla, indica la demanda presentada contra el Estado.
Tras la audiencia celebrada este martes, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y luego la CorteIDH podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.
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