El plan de Milei tropieza con el poder de los gobernadores

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Personas festejan que el proyecto de "ley ómnibus" vuelve al debate en comisiones, lo que se traduce como una derrota del oficialismo hoy en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Martin Campaya

Buenos Aires, (EFE).

El plan reformista que el presidente de Argentina, Javier Milei, busca acometer en el país tropezó este martes con un importante escollo: el poder de los gobernadores de las provincias, que, después de importantes desencuentros e incluso cruce con fuertes acusaciones, le han negado su apoyo.

La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos o ‘ley ómnibus’, como se la conoce popularmente, es el proyecto estrella de Milei con el que busca llevar a cabo las profundas reformas que buscan desregular la economía y minimizar la presencia del Estado.

Tras obtener el 2 de febrero, después de tres jornadas de debate en la Cámara Baja, la aprobación del proyecto general, este martes se retomó la sesión para la votación del articulado, que inicialmente incluía 664 y quedó reducido a mucho menos de la mitad después de las negociaciones entre el oficialismo y algunos bloques de la oposición.

No obstante, las negociaciones -como se demostró hoy- no llegaron a buen puerto.

“La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas”, escribió el mandatario nada más después de conocerse que la Cámara de Diputados había enviado el texto de nuevo a comisión, después de que había logrado la aprobación de las facultades delegadas para Milei en virtud de la emergencia en seis ámbitos: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.

El presidente, que está de viaje en Israel, expresó su enojo por el fracaso de la votación e insistió en que él fue votado por el 56 % de los argentinos y, por tanto, no está dispuesto a “negociar” su programa de gobierno “con quienes destruyeron el país”.

En un mensaje publicado en la red social X, cargó contra los “sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita” e insistió en que continuará con su plan “con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó” Argentina.

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Apenas unos instantes antes, un comunicado de su oficina atacó a “quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor” y apuntó directamente a los gobernadores, que “tomaron la decisión de destruir” la ley “horas después de acordar acompañarla”.

“Decidieron darle la vuelta a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, agregó el texto oficial para concluir que “la ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno”.

Con esta frase final, el Ejecutivo no aclaró en qué punto queda la iniciativa y si podría retirarla ante este revés o, simplemente, como marca el reglamento parlamentario, con su regreso a comisión vuelve al punto de partida.

La ‘ley ómnibus’ contiene no sólo el espíritu libertario que fundamenta el programa de Gobierno iniciado el pasado 10 de diciembre, sino que, de aprobarse, otorgaría amplias facultades al Ejecutivo para gobernar y acometer sus profundas reformas en un contexto en extremo difícil, con cuentas públicas en rojo, una economía estancada, inflación disparada y pobreza en aumento.

Son las herramientas que el jefe de Estado alega que necesita para sacar al país de la “decadencia”, pero sus pretensiones se han topado, durante las negociaciones, con fuerte resistencia ante las facultades delegadas y la privatización de empresas públicas. Hoy se escenificó en el Congreso.

Parte de quienes este martes votaron en contra eran diputados de la Unión Cívica Radical (UCR, centro) y de Hacemos Coalición Federal (partidos provinciales), precisamente fuerzas que incluyen a varios gobernadores.

El peronismo, que también gobierna en varias provincias, ya se había opuesto de lleno al proyecto en la votación en general.

En medio del fuerte ajuste fiscal emprendido por Milei, los jefes de los gobiernos provinciales reclaman al Ejecutivo un mayor reparto de la recaudación de ciertos impuestos federales, una discusión que el Ejecutivo pretendía dejar para más adelante, una vez se aprobase la famosa ‘ley ómnibus’, cuyo destino inmediato se desconoce.

Concepción M. Moreno

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