Por Kalyn Belsha, Chalkbeat
Incluso si el gobierno federal renuncia a su rol en la educación de los estudiantes de inglés, Cheruba Sophia Chávez conoce qué dicen las letras pequeñas.
Un conjunto de herramientas federales ayudó a la educadora de Nueva Orleans a apoyar a los nuevos estudiantes inmigrantes. Las directrices federales la ayudaron a capacitar a los docentes para evitar violaciones comunes de los derechos civiles de los estudiantes de inglés. Y los recursos del Departamento de Educación de EE. UU. le han mostrado cómo la instrucción de Luisiana se compara con la de otros estados.
Así que, cuando la administración Trump redujo el personal de la oficina que supervisa a los estudiantes de inglés a una sola persona, revocó las directrices de enseñanza y retiró las herramientas de las páginas web, ella indicó a los docentes las extensas notas a pie de página de las directrices, ahora revocadas, repletas de “precedentes, leyes, estudios de caso y fallos”.
“Siguen vigentes”, dijo Chávez, quien ha trabajado con estudiantes de inglés durante más de una década. “Nuestra obligación de servir a estos niños sigue siendo la misma”.
Bajo la presidencia de Donald Trump, el gobierno federal está retractándose sistemáticamente de la ayuda a la educación de los estudiantes de inglés y de la protección de sus derechos civiles. Además de recortar las directrices y los recursos federales, el presidente busca eliminar los $890 millones en fondos federales destinados a programas de enseñanza del inglés en las escuelas.
Todo esto impone mayor responsabilidad a los estados y a las escuelas locales en la educación de los estudiantes de inglés. Su historial al respecto es desigual.
Algunos afirman que los estados pueden y deben llenar el vacío, y podrían hacerlo mejor sin la supervisión federal. Sin embargo, muchos educadores y expertos temen que esta situación deje atrás a los estudiantes de inglés y a sus familias. Los servicios y las protecciones para los estudiantes de inglés se volverán más dispersos, afirman, y los estudiantes cuyos derechos se vean violados podrían no tener más remedio que presentar demandas, una propuesta costosa e incierta para las familias y las escuelas.
Según una encuesta representativa a nivel nacional de 2023, aproximadamente 1 de cada 5 docentes afirma que su escuela rara vez o nunca satisface las necesidades de los niños que aprenden inglés.
“Tenemos estados que se asegurarán de que los estudiantes sigan recibiendo los recursos y la instrucción que necesitan los estudiantes de inglés, pero tenemos otros estados que no necesariamente lo harán”, señaló Montserrat Garibay, quien dirigió la Office of English Language Acquisition (Oficina Federal de Adquisición del Idioma Inglés) durante la administración Biden. Le preocupa que “regresemos a los métodos de ‘o nadas o te ahogas’ de los años 90, donde había estudiantes que no aprendían el idioma y fracasaban”.
¿Debe el gobierno federal financiar el aprendizaje del inglés de los estudiantes?
Todas las escuelas deben ayudar a los estudiantes de inglés a superar las barreras lingüísticas para que puedan acceder a una educación significativa. Es un requisito según el fallo histórico de la Corte Suprema de 1974 en el caso Lau contra Nichols.
Actualmente, los estados reciben fondos federales del Título III para programas de enseñanza del idioma inglés con base en el censo de niños que aprenden inglés. Los distritos escolares solicitan esos fondos y los estados los otorgan según la cantidad de estudiantes de inglés y estudiantes inmigrantes que son matriculados.
Los inmigrantes generalmente tienen más éxito en Estados Unidos si adquieren conocimientos de inglés, afirmó Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de expertos que aboga por tasas de inmigración más bajas. Y los programas de escuelas públicas que enseñan inglés a los niños son “una inversión que generalmente se considera valiosa”, afirmó Vaughan, especialmente para los niños más pequeños.
Pero comprende por qué los contribuyentes podrían sentirse “frustrados al tener que asumir el costo” de los programas para niños mayores que llegan con poca educación formal y podrían necesitar un apoyo más intensivo.
Para Vaughan, la administración Trump está haciendo lo correcto al dejar de influir en la financiación federal que ofrecen los estados.
“Esperaría que los estados apoyaran a las comunidades locales que están lidiando con esto”, afirmó. “Los estados tendrán que resolver esto dentro de su propio presupuesto”.
Los estados ya dictan qué tipo de instrucción ofrecen a los estudiantes de inglés y cuánto apoyo en la lengua materna brindan las escuelas. (José A. Alvarado Jr. para Chalkbeat)
Jonathan Butcher, investigador principal en política educativa de The Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador, afirma que eliminar la financiación del Título III reduciría, con razón, el papel del gobierno federal en la educación.
“No creo que necesitemos el Título III para tener programas para estudiantes de inglés”, dijo Butcher. Los estados deberían poder identificar por sí mismos qué necesidades estudiantiles merecen el mayor apoyo, agregó. “Este es el tipo de libertad que deberíamos dar a los funcionarios estatales”.
¿Y si un estado decidiera no gastar nada para ayudar a los estudiantes de inglés a dominar el idioma? “Habría una demanda por derechos civiles”, sentenció Butcher.
Otros dicen que el gobierno federal establece la política de inmigración, por lo que debería ayudar a los estados a pagar la educación primaria y secundaria de los recién llegados, y que el gobierno federal tiene un interés personal en ayudar a los estudiantes de inglés, la mayoría de los cuales nacieron en Estados Unidos.
“Si no están bien equipados con las habilidades necesarias para el siglo XXI, ¿quién va a pagar mi jubilación?”, dijo Garibay, exfuncionario de Biden. “Lamento decir que es una cuestión económica, pero lo es”.
El Congreso actualmente destina 890 millones de dólares anuales a la enseñanza del inglés. Ese dinero del Título III está destinado a financiar apoyo adicional como tutorías extraescolares, actividades de extensión familiar y capacitación docente.
Sin embargo, muchos educadores y defensores afirman que esos fondos federales no han logrado seguir el ritmo del crecimiento de la población de estudiantes de inglés y están muy por debajo de lo que necesitan las escuelas.
Aun así, Trump ha propuesto eliminar los fondos del Título III del presupuesto del año fiscal 2026, una medida que, según su administración, “pondría fin a la extralimitación de Washington”. Después de que el presidente firmó una orden ejecutiva que designa el inglés como idioma oficial del país, funcionarios de Trump afirmaron que el programa de enseñanza del inglés debería eliminarse porque “en realidad resta importancia a la primacía del inglés” y fomenta el bilingüismo.
El clima político general también influye. Muchos niños de familias inmigrantes experimentan un mayor estrés y miedo a medida que se intensifica la campaña de deportación de la administración Trump. Esto dificulta la asistencia regular a la escuela y la concentración en clase.
La ley federal y las decisiones judiciales establecen que los estados pueden elegir el tipo de instrucción que brindan a los estudiantes de inglés. Algunos estados priorizan la importancia de ayudar a los niños a dominar primero su lengua materna, lo que, según investigaciones, puede ayudarles a transferir habilidades y desarrollar un mejor dominio del inglés.
El comité de asignaciones del Senado aprobó un proyecto de ley bipartidista que mantendría estable la financiación del Título III en $890 millones. Sin embargo, el comité de asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó la eliminación del Título III, alegando “limitaciones de financiación”.
Leslie Villegas, analista principal de políticas de New America, un centro de estudios de izquierda, afirma que la eliminación del Título III supondría un recorte general de la financiación que “perjudicaría a todos los estudiantes”. Y pondría a los educadores en “una posición realmente difícil, obligándolos a tomar decisiones difíciles que no deberían tener que tomar”.
Becky Trammell, maestra de educación especial en las Escuelas Públicas de Minneapolis, sabe lo que significa eso.
Las recientes oleadas de inmigración atrajeron a más familias hispanohablantes a su escuela primaria, además de familias que hablan somalís y hmong. Tras compartir el trabajo de un maestro de inglés con otras escuelas, su escuela ahora cuenta con dos profesores de tiempo completo.
Pero Trammell comentó que aún depende de aplicaciones y servicios de interpretación telefónica que no siempre funcionan.
Estudiantes de una escuela secundaria de la ciudad de Nueva York para recién llegados trabajan en un ensayo de historia usando información de los pasillos. (José A. Alvarado Jr. para Chalkbeat)
En una ocasión, una madre que habla en somalí pensó que le estaban haciendo una broma porque el intérprete telefónico realmente no hablaba somalí. Y uno de sus alumnos le dijo que no le gustaba la aplicación de traducción telefónica, así que ella tuvo que leerle en voz alta en su español deficiente.
“Ya tenemos un déficit de personal y dinero”, comentó Trammell. Si su escuela perdiera fondos del Título III, le preocupa que “se reduzcan puestos o que el poco apoyo que tenemos lo perdamos”.
¿Cuáles son las políticas estatales claves para los estudiantes de inglés?
Los estados ya han establecido muchas de sus propias políticas para la educación de los estudiantes de inglés y han obtenido una amplia gama de resultados.
Los estudiantes de inglés en Texas, por ejemplo, tienen muchas más probabilidades de estar inscritos en programas de educación bilingüe donde reciben apoyo en su lengua materna que en California, que tiene una historia complicada con la enseñanza exclusivamente en inglés. Los estudiantes de inglés de Texas superan sistemáticamente a los de California en pruebas nacionales claves, aunque los resultados de las pruebas estatales en Texas han suscitado inquietud.
Con una menor participación y supervisión federal, Villegas, de New America, le preocupa que a las familias de estudiantes de inglés y a sus defensores les resulte más difícil obtener respuestas a sus quejas.
“Dejar eso a la discreción de los estados es realmente preocupante”, afirmó. Ese “no es el objetivo de los derechos civiles”.
La administración Trump ha absuelto a varios distritos escolares, incluidos Boston y Newark, Nueva Jersey, de los acuerdos de conciliación destinados a corregir la insuficiencia de servicios para los estudiantes de inglés. En Newark, el fin de la supervisión gubernamental se produjo pocos meses después de que la administración Biden denunciara al distrito por no utilizar intérpretes cualificados de forma sistemática.
Chávez, la educadora de Luisiana, teme que si se elimina el Título III, habrá menos supervisión federal y que los estudiantes de inglés solo verán satisfechas sus necesidades si constituyen un “porcentaje grande” en una escuela.
Un hecho permanece grabado en su memoria: cuando el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, prestó juramento el año pasado, una de las primeras acciones del republicano fue vetar una nueva ley que Chávez y otros educadores abogaron para su aprobación la cual establecía ayudar a más estudiantes de inglés a obtener sus diplomas.
“Conocemos su postura hacia los estudiantes de inglés”, dijo Chávez, y agregó que ella y otros no esperan “nada positivo del estado para proteger a nuestros niños y corregir la disparidad de resultados para los estudiantes de inglés en nuestro estado”.
Aun así, los defensores de los estudiantes de inglés afirman que los estados pueden hacer mucho.
Pueden consagrar en la legislación estatal el fallo de la Corte Suprema que otorgó a los niños el derecho a recibir educación pública gratuita independientemente de su estatus migratorio, como hicieron recientemente Illinois y Massachusetts. O pueden reforzar los requisitos de enseñanza para los estudiantes de inglés en su estado, como hizo recientemente Michigan.
Las juntas escolares también podrían adoptar políticas que aumenten la supervisión y las consecuencias si no se cumplen los objetivos, dijo Villegas.
Cuando Garibay trabajaba en la oficina federal para estudiantes de inglés, vio “mucho trabajo excelente” en los programas de lenguaje dual y la participación de los padres.
“Eso me da mucha esperanza”, afirmó. “En estos tiempos de tanta incertidumbre, el trabajo más importante se realiza a nivel local”.
Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Chalkbeat y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.
This translation was provided by Reporte Hispano, in partnership with Montclair State University’s Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Chalkbeat and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.
