Alimentos
Por Kevin Hardy, Stateline vía New Jersey Monitor
Los próximos cambios en la financiación del programa federal de cupones de alimentos podrían costar miles de millones de dólares a los estados, aumentando el temor de que más estadounidenses pierdan el acceso al programa de asistencia alimentaria más grande del país.
La Ley “One Big Beautiful Bill” del año pasado introdujo cambios importantes en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), incluyendo nuevos requisitos laborales y de elegibilidad. Más de 4 millones de estadounidenses ya han perdido sus beneficios del SNAP, lo que ejerce mayor presión sobre los bancos de alimentos y despensas de alimentos en todo el país.
Pero a partir del otoño de 2027, los estados deberán, por primera vez, comenzar a financiar algunos beneficios del SNAP por sí mismos. Análisis de datos recientemente publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestran que los estados podrían tener que desembolsar más de $9 mil millones. Algunos estados, funcionarios de condados y defensores temen que esto excluya a más estadounidenses de este programa de asistencia social e incluso que algunos estados consideren abandonar el SNAP por completo.
La nueva ley penalizará a los estados según sus tasas de error en los pagos, un cálculo técnico del gobierno federal sobre los pagos en exceso y los pagos insuficientes del programa SNAP, no sobre el fraude. Los estados con una tasa de error superior al 6% deberán financiar entre el 5% y el 15% de sus pagos de beneficios. Anteriormente, el gobierno federal proporcionaba esta ayuda.
En el análisis más reciente del USDA, la tasa de error mejoró ligeramente en todos los estados durante el año fiscal 2025, pero los funcionarios indicaron que los estados aún realizaron pagos indebidos por un total de $10,100 millones.
“Estas tasas de error en los pagos son una prueba más de la grave falta de rendición de cuentas de los estados en el programa SNAP”, declaró la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, en un comunicado de prensa de junio.
Hasta 36 estados se enfrentarán a nuevos requisitos de cofinanciamiento en el otoño de 2027. Y se espera que casi la mitad de ellos tengan que asumir $100 millones o más al año, según el Center on Budget and Policy Priorities (Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas), de tendencia progresista.
Por ejemplo, en Michigan, la tasa de error actual podría costarle al estado $300 millones al año, según estimaciones del centro. Texas podría tener que asumir un costo estimado de $725 millones y Nueva York podría necesitar gastar más de mil millones de dólares.
“Los estados tendrán que tomar decisiones muy difíciles al equilibrar sus presupuestos para cubrir esos costos, y si no pueden cubrir completamente el requisito de copago, deberán aumentar los ingresos o recortar otras partidas presupuestarias”, indicó Katie Bergh, analista sénior de políticas del centro.
El cambio está aumentando los temores de que los estados ralenticen la aprobación de beneficios, reduzcan el acceso o incluso opten por abandonar el programa por completo, dijo Bergh. Si bien los defensores y algunos funcionarios han presionado sin éxito al Congreso para que revierta los cambios en el programa SNAP, muchos ahora piden al menos un aplazamiento en la implementación para dar tiempo a los estados a mejorar sus tasas de error en los pagos.
Después de que el USDA publicara sus nuevos datos el mes pasado, el comisionado de Servicios Humanos de Nueva Jersey, Stephen Cha, afirmó que la medición de la tasa de error es “fundamentalmente defectuosa”. Aunque el estado redujo significativamente su tasa de error del 14.33% al 6.86%, aún podría tener que pagar una suma estimada de $100 millones.
Cha reiteró sus anteriores peticiones al Congreso y a la administración Trump para que eliminen o pospongan los cambios.
“Sancionar a los estados no mejorará la precisión de los pagos ni abordará de manera efectiva el despilfarro, el fraude o el abuso”, declaró Cha. “En cambio, impone una importante carga financiera y administrativa a los gobiernos estatales y de los condados, lo que amenaza nuestra capacidad para administrar eficazmente el programa SNAP y satisfacer las necesidades críticas de las familias de Nueva Jersey”.
En una declaración a Stateline, un portavoz del USDA señaló que los estados han tenido décadas para corregir los pagos erróneos. “Quizás ahora los estados dejen de gastar el dinero de los demás de forma tan irresponsable”, destaca la declaración.
Inminentes presiones presupuestarias
En 10 estados —California, Colorado, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Virginia y Wisconsin— los condados administran el programa SNAP.
La National Association of Counties (Asociación Nacional de Condados) ha declarado que el cambio en los costos no solo amenaza el acceso a los alimentos, sino que también podría limitar la capacidad de los condados para financiar la seguridad pública, la gestión de emergencias y las necesidades de infraestructura.
“Estos cambios en los costos amenazan con desestabilizar los presupuestos de los condados, lo que obliga a reducir el personal y retrasa la asistencia nutricional crucial para los residentes vulnerables”, afirmó el director ejecutivo de la asociación, Matthew Chase, en una carta enviada el año pasado a los líderes del Congreso.
La National Conference of State Legislatures (Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales), que representa a los legisladores y al personal legislativo, declaró que los estados están comprometidos con la correcta administración de los beneficios del programa SNAP y con rendir cuentas por su desempeño. Sin embargo, en un comunicado, la organización indicó que los datos más recientes del USDA “dejan claro que se necesita más tiempo” para implementar mejoras significativas.
Los esfuerzos estatales para mejorar la precisión de los pagos también conllevan importantes contrapartidas.
Esta primavera, el Urban Institute y la American Public Human Services Association encuestaron a todas las agencias del programa SNAP en todo el país. Treinta y nueve estados respondieron a la encuesta, lo que representa una tasa de respuesta del 78%.
La encuesta reveló que los administradores de SNAP están invirtiendo en personal, tecnología y automatización para cumplir con la ley federal. Sin embargo, muchos estados están abandonando los esfuerzos para mejorar la puntualidad y podrían tener que reducir el personal y los beneficios para cumplir con la normativa.
En la encuesta, el 29% de los estados identificó la restricción de los criterios de elegibilidad como un riesgo potencial, y el 11% consideró que una retirada total de SNAP también lo sería.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, republicano, afirmó que las iglesias, los bancos de alimentos y otras organizaciones garantizarían que las personas recibieran alimentos en sus instalaciones.
Stitt, presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, de carácter bipartidista, expresó su creencia de que los programas federales como SNAP se gestionan con “mucho fraude y abuso”. También sugirió que el programa se había vuelto demasiado sencillo, con tarjetas similares a las de crédito que permiten a los beneficiarios comprar alimentos fácilmente.
“Tal vez se trate de volver a la época en que había cierto estigma y tenías que ir a un banco de alimentos a buscar queso y otros productos básicos, y eso generaba cierta vergüenza”, declaró a Stateline. “Tal vez deberíamos retomar algo de eso en lugar de hacerlo tan fácil”.
“Nadie va a pasar hambre en Oklahoma”, afirmó. “Les aseguro que la gente comía, se casaba y se graduaba de la preparatoria antes incluso de que existieran los beneficios del programa SNAP”.
La tasa de error
El enfoque federal en las tasas de error está incentivando a los estados a ralentizar o suspender por completo los beneficios en algunos casos, explicó Gina Plata-Nino, directora del programa SNAP en el Food Research & Action Center, una organización sin fines de lucro que trabaja para combatir el hambre.
Esto se debe a que los estados no enfrentan ninguna sanción por negar indebidamente los beneficios, solo por pagar demasiado o demasiado poco. La tasa, calculada mediante una muestra aleatoria de hogares, suma los pagos en exceso y los pagos insuficientes. Además, los estados pueden ser sancionados por los pagos en exceso que posteriormente recuperen de los beneficiarios.
“No existe ningún control sobre las personas que cumplen los requisitos y a las que se les suspenden los beneficios”, afirmó Plata-Nino.
En Massachusetts, casi 175,000 personas perdieron los beneficios del programa SNAP entre julio del año pasado y mayo de este año. La falta de personal en el Department of Transitional Assistance (Departamento de Asistencia Transitoria) ha provocado que miles de llamadas entrantes de los residentes se interrumpan, según el Instituto de Reforma Legislativa de Massachusetts, un centro de leyes y políticas sobre la pobreza.
Esta organización ha presionado para que se contraten más trabajadores sociales, aunque una propuesta presupuestaria legislativa de la semana pasada recortaría $26 millones de las operaciones actuales, según Victoria Negus, defensora principal de la justicia económica en el instituto.
“Lo que está sucediendo es una versión de lo que yo llamo ‘no ver el bosque por culpa de los árboles de errores en los pagos'”, concluyó. “Han establecido un sistema que obliga a los estados a intentar alcanzar una cifra prácticamente imposible sin una reducción drástica del acceso al programa SNAP, ya que se requiere tiempo para disminuir de forma metódica y minuciosa las tasas de error en los pagos”.
En Alabama, las autoridades indicaron que el estado sigue priorizando la capacitación del personal, la automatización y otros cambios para reducir la tasa de error. La tasa de error actual del 9.52% podría costarle al estado aproximadamente $170 millones.
La legislatura de Alabama ha destinado casi $150 millones al programa SNAP. Sin embargo, el senador estatal Greg Albritton, republicano y presidente del comité de presupuesto, declaró al Alabama Reflector en abril que esos fondos no se liberarán a menos que el estado logre reducir su tasa de error al 6% o desarrolle otro plan para cubrir los costos de los recortes federales.
Kathryn Shoupe, portavoz del Departamento de Recursos Humanos de Alabama, señaló que los datos federales pueden tener más de un año de antigüedad. También indicó que esto no constituye evidencia de fraude, sino que generalmente se trata de errores involuntarios en la información proporcionada por los beneficiarios.
LaTrell Clifford Wood, defensora de políticas contra el hambre en la organización sin fines de lucro Alabama Arise, dedicada a la lucha contra la pobreza, afirmó que el estado necesita cientos de empleados más para cubrir plenamente las necesidades. Señaló que más de 52,000 personas ya han perdido sus beneficios del programa SNAP en Alabama. Además, con el aumento de los precios de los alimentos, indicó que centrarse en la tasa de error obligará a tomar decisiones presupuestarias difíciles que podrían afectar otras áreas del presupuesto estatal, como la educación.
“Es una métrica con ambigüedad moral”, declaró. “Estamos anteponiendo trámites burocráticos en vez de las personas”.
Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Stateline vía New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.
This translation was provided by Reporte Hispano, in partnership with Montclair State University’s Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Stateline via New Jersey Monitor and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.
