Las salidas voluntarias durante el segundo mandato del gobierno de Trump alcanzaron los 89,494 casos
Por Tim Henderson, Stateline vía New Jersey Monitor
El aumento en los acuerdos de salida voluntaria en los tribunales de inmigración genera preocupación de que las tácticas del gobierno de Trump estén presionando injustamente a los inmigrantes para que abandonen Estados Unidos, incluso si tienen derecho legal a quedarse.
Las salidas voluntarias durante el segundo mandato del gobierno de Trump alcanzaron los 89,494 casos al 1 de mayo, según un análisis de Stateline de datos de tribunales de inmigración procesados por el Deportation Data Project, una iniciativa de investigación académica. Esto representa más de siete veces la cifra registrada en los últimos 16 meses del gobierno de Biden (11,977).
La medida de detención obligatoria sin fianza, vigente desde hace 10 meses y que actualmente se impugna en tribunales de apelación y que probablemente será resuelta por la Corte Suprema de Estados Unidos, aumenta la presión sobre los inmigrantes para que se vayan. Según un análisis de Stateline, un tribunal de apelaciones de Texas y Luisiana confirmó la detención obligatoria de inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera para entrar a Estados Unidos.
“Las condiciones en algunos centros de detención son pésimas y, especialmente en aquellos donde no se puede pagar la fianza, por ende las personas pueden considerar que la salida voluntaria es su mejor opción”, afirmó Colleen Putzel-Kavanaugh, analista de políticas asociada del Instituto de Políticas Migratorias, una organización independiente.
La salida voluntaria es un acuerdo judicial que obliga al inmigrante a pagar su viaje para abandonar el país y a pagar multas por cualquier retraso que incurra para salir. Un posible beneficio para el inmigrante de esta medida es evitar una orden judicial de deportación que podría hacer prácticamente imposible su regreso a Estados Unidos y obtener una residencia legal.
La salida voluntaria no incluye a las personas que utilizaron la aplicación del gobierno para salir del país con un boleto de avión pagado por el gobierno federal y un incentivo económico, que actualmente asciende a $2,600.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está presionando para construir y abrir rápidamente nuevos centros de detención, mientras que grupos de derechos humanos describen condiciones de hacinamiento y, a menudo, insalubres. Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, 51 personas han muerto en estas instalaciones, según informó ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional quiere alcanzar un millón de deportaciones al año.
“Observamos que las personas optan por la salida voluntaria, no porque no tengan derecho a permanecer en Estados Unidos, sino porque ya no pueden soportar estar en estas condiciones tan inhumanas en los centros de detención”, afirmó Shayna Kessler, directora de la Advancing Universal Representation Initiative (Iniciativa para el Avance de la Representación Universal) del Instituto Vera de Justicia, que aboga por un sistema similar al de los defensores públicos en los tribunales de inmigración.
La salida voluntaria podría ser la mejor opción, reconoció Kessler, pero “sin consultar a un abogado es imposible saberlo”.
Encarcelamiento indefinido
Bajo las normativas de Trump, las personas que cruzaron la frontera ilegalmente y fueron arrestadas posteriormente por las autoridades de inmigración son encarceladas sin derecho a fianza. La Ley Laken Riley, promulgada el año pasado, extendió la detención obligatoria a los inmigrantes arrestados bajo sospecha de delitos menores como hurto en tiendas, incluso si los cargos se retiran posteriormente.
La nueva política —descrita en el plan estratégico Proyecto 2025 antes de la elección de Trump en 2024— afectaría a millones de personas, independientemente del tiempo transcurrido desde su llegada a Estados Unidos e incluso si solicitaron asilo legalmente.
Tres tribunales federales de apelaciones han suspendido la aplicación del requisito de detención obligatoria, pero dos la han mantenido vigente, lo que significa que la constitucionalidad de la política probablemente será resuelta por la Corte Suprema de Estados Unidos.
A principios de este año, un juez federal en Oregón acusó a las autoridades de inmigración de utilizar la amenaza de una detención prolongada para “ganar la batalla de las cifras a costa de socavar el estado de derecho”.
“Por cada persona detenida que tiene el coraje de impugnar la legalidad de su detención y logra su liberación, varias más permanecen detenidas o sucumben a la amenaza de una detención prolongada y, en su lugar, se deportan ‘voluntariamente'”, escribió el juez federal Mustafa T. Kasubhai en una opinión emitida en febrero. Se refería a un trabajador agrícola arrestado de camino al campo que obtuvo su liberación tras resistir la presión para firmar documentos de salida voluntaria.
Un inmigrante con larga trayectoria en el mismo caso, identificado como Victor C.G. en los documentos judiciales, declaró que fue presionado para firmar documentos que lo comprometían a viajar a México durante una detención de tres semanas tras ser arrestado de regreso a casa después del trabajo. Se negó a firmar y fue liberado bajo fianza después de que un abogado interviniera; el hombre ha vivido en Estados Unidos durante 26 años y tenía autorización legal para trabajar gracias a una visa pendiente para víctimas de delitos que cooperan con la justicia.
De manera similar, una demanda presentada en octubre por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en Illinois acusó a las autoridades de inmigración de “coaccionar y amenazar a los detenidos” para que firmaran acuerdos de salida voluntaria mientras se encontraban en condiciones deplorables y de hacinamiento en un centro de detención, renunciando así a su derecho a defenderse de la deportación ante los tribunales.
Una orden judicial emitida en noviembre en ese caso exigía a las autoridades de inmigración del centro de detención de Broadview, cerca de Chicago, que mantuvieran a los inmigrantes en condiciones sanitarias adecuadas, con acceso a abogados, y que les proporcionaran tiempo suficiente y ayuda lingüística para comprender documentos como los acuerdos de salida voluntaria. Según consta en los documentos judiciales, la orden judicial sigue vigente durante las negociaciones para llegar a un acuerdo.
Presión de los jueces
Los jueces de inmigración también pueden ejercer presión para que se produzca la salida voluntaria, afirmó Jacquelyn Pavilon, coautora de un informe sobre la salida voluntaria para el Instituto Vera de Justicia, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York cuya misión es limitar el encarcelamiento masivo.
Las notas de los observadores judiciales, compartidas con el Instituto Vera, muestran un patrón de jueces que sugieren la salida voluntaria, especialmente los jueces nombrados por republicanos que hablan con inmigrantes sin abogados, señaló Pavilon. La administración Trump destituyó a jueces de inmigración considerados demasiado indulgentes y contrató a otros nuevos; el 21 de mayo se anunciaron 82 nuevos jueces.
En un tribunal de inmigración de Newark, Nueva Jersey, donde Stateline observó una sesión el 21 de mayo, una jueza designada por Trump sugirió la salida voluntaria a una familia colombiana tras denegar su solicitud de asilo. “Esto al menos evitaría una orden de deportación”, dijo la jueza Leila McNeill Mullican.
La familia, un matrimonio de Bridgeton, Nueva Jersey, con un hijo de 20 años que llegó en 2023, no contaba con abogado. Optaron por apelar la decisión de McNeill Mullican en lugar de acogerse a la salida voluntaria, alegando que temían a la delincuencia y a las pandillas venezolanas al partir en 2023. Le comentaron a Stateline que considerarían contratar a un abogado para la apelación.
Hubo quejas similares de inmigrantes sobre presiones injustas para que acepten la salida voluntaria durante la primera administración Trump y también durante la administración Obama. Las cifras alcanzaron un máximo de alrededor de 3,000 al mes durante la administración de Obama y la primera de Trump, pero recientemente superaron las 9,000 al mes, según el análisis de Stateline.
La pareja de un inmigrante le comentó a Stateline en un mensaje de chat que firmar el acuerdo parecía la forma más segura de preservar su solicitud de residencia permanente. La pareja partió de Los Ángeles hacia Costa Rica el año pasado mediante una salida voluntaria.
“Afortunadamente, mi pareja no fue detenida, pero estuvo bajo vigilancia semanal y monitoreada con la aplicación Smart Link”, escribió la persona. “Creo que simplemente sentíamos la presión de lo que podría suceder si permanecía en Estados Unidos y continuaba con el proceso de deportación. Me gustaría pensar que todo está saliendo bien”.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió a las preguntas de Stateline con una declaración anónima: “Animamos a todos los inmigrantes indocumentados a tomar el control de su salida con la aplicación CBP Home.
“Estados Unidos ofrece a los inmigrantes indocumentados $2,600 y un vuelo gratuito para que se deporten voluntariamente. Animamos a todas las personas que se encuentran aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y reservar la oportunidad de regresar a Estados Unidos por la vía legal para vivir el sueño americano. De lo contrario, serán arrestadas y deportadas sin posibilidad de regresar”.
En el pasado, el DHS ha afirmado que “decenas de miles” de personas han utilizado la aplicación, lo cual no equivale a una decisión judicial de salida voluntaria que exige que el inmigrante viaje pagando su propio viaje.
El departamento no ofreció una nueva estimación en respuesta a las preguntas de Stateline, pero sostuvo que “más de 3 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos debido a la represión de la administración Trump contra la inmigración ilegal, incluyendo un estimado de 2.2 millones de autodeportaciones”, y que, hasta el 17 de mayo, se habían registrado 900,000 arrestos y 900,000 deportaciones durante la presente administración.
Es cierto que la población no ciudadana ha disminuido drásticamente en las encuestas gubernamentales: un análisis de Stateline de la Encuesta de Población Actual de la Oficina del Censo muestra una disminución de 2.3 millones, para llegar hasta aproximadamente 25 millones, entre enero de 2025 y abril de 2026. Sin embargo, muchos expertos, como los del Centro de Estudios Migratorios, consideran que la disminución reportada no se debe a las autodeportaciones, sino al temor a responder a las encuestas gubernamentales en un ambiente de hostilidad hacia los inmigrantes.
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Salidas voluntarias
El número de inmigrantes que aceptan acuerdos de salida voluntaria en los tribunales se disparó durante la administración Trump, superando los 9,000 casos mensuales en febrero y marzo.
Gráfico: Tim Henderson/Stateline. Fuente: Análisis de Stateline de datos de tribunales de inmigración procesados por el Proyecto de Datos de Deportación
Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Stateline vía New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.
This translation was provided by Reporte Hispano, in partnership with Montclair State University’s Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Stateline via New Jersey Monitor and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.
